Semanario de Tercer Sector, No. 37

Juan Pablo Vasconcelos*

*Realizador Tercer Sector

 La Placa

La clave está en la organización. En los últimos días, voces a favor y en contra de la colocación de una placa en el centro de la ciudad, por parte de organizaciones afines al movimiento de 2006, se han manifestado no sin holgura, rabia y determinación. Sin embargo, entre unas y otras voces se distingue persistentemente una diferencia: mientras que de un lado siempre ha existido un afán colectivo y de socialización de causas y procederes, por el otro ha triunfado en todo momento la abulia, la apatía y el conformismo.

                El lector sabe e identifica qué lado es cual. La organización, su ausencia, está en el centro de la (in)acción social.

                Quienes tuvieron la iniciativa de colocar la laminilla, no han cejado desde hace ya más de 5 años en su activismo, no se han permitido momentos de descanso, no han dejado de atizar con las mismas exigencias. Por el contrario, han fortalecido diversos mecanismos de organización que llegan en nuestros días hasta la formalización orgánica. La muestra es que hoy algunos miembros de aquel movimiento ocupan espacios en el Congreso del Estado y promueven con éxito la acción del aparato judicial para, por ejemplo, ganar procesos y obtener el pago de daños y perjuicios denunciados.

Es decir, quienes habían estado por la desaparición de los poderes constituidos ahora los utilizan y hasta los representan. El movimiento se ha institucionalizado desde esa perspectiva.

Sin embargo, a pesar del terreno obtenido (o por eso mismo) persisten en los mecanismos y procedimientos de desestabilización y rebeldía que tanto les han retribuido. Alguien debe decirles que ya son parte de las estructuras que denuestan y que, con todo el derecho, debe exigírseles a ellos las mismas actitudes que demandan. Algo idéntico sucede en el caso del Sindicato Magisterial que controla la mayor parte de la estructura institucional de la educación en Oaxaca pero que, por increíble que parezca, sigue estando en contra del actuar de la misma.

                Ahora bien, quienes no forman parte de este movimiento, los “ciudadanos”, son una especie de masa invisible que nunca se ha sabido bien a bien quiénes la conforman, si tiene acuerdos mínimos para su posicionamiento o para su acción, ni tampoco si están dispuestos como los otros a dejarlo todo en el terreno con tal de ser escuchados.

Es claro que no basta decir que son “ciudadanos”, esa figura cívica, para que se les tenga que interpretar su silencio y con ello suponer sus posiciones y peticiones. Lo que debe comprenderse es precisamente lo contrario: en las circunstancias públicas de nuestros días, para ser atendido y tomado en consideración hay que participar. Participar, debatir, organizarse.

                Desde el fondo de los tiempos, no basta con tener razón ni con ser mayoría para que una postura se imponga o para que las ideas colectivas sean respetadas. Es preciso hacerlas respetar organizadamente, con plena convicción, convencimiento y acciones precisas. Mientras ello no suceda, la autoridad o cualquier otro factor de poder carece de incentivos para escuchar y atender los argumentos de un grupo en la sombra, disperso, sin sentido ni estructura. Cualquier régimen autoritario es muestra de lo que afirmo.

                Los ciudadanos que han declarado su indignación con la colocación de la placa no han dicho, por ejemplo, que su desacuerdo no es sólo por el hecho de que un grupo, sin autorización legal previa, coloque una proclama en pleno corazón de la ciudad, sino que en todo caso están en contra de lo que ello simboliza: la cancelación de la certidumbre de que “los otros” tendrán llenadera de una buena vez y cuáles serán sus límites, quiénes se los impondrán y cuál será el costo de hacerlo.

                La indignación que expresan, interpreto, es producto de su propia desorganización y valor cívico. Pero también, hay que aceptarlo, de un constante desánimo provocado por la ausencia de aplicación de la ley y la complacencia en el trato de organizaciones que, en su mayoría, actúan al margen del orden jurídico y no se les llama a un diálogo constructivo, democrático y civilizado.

                Esto es principalísimo para ese otro elemento estatal que nos falta abordar: la autoridad debe tener claro que buena parte de sí misma se sustenta en el ejercicio y respeto de la legalidad. Que no hay diferencias entre quienes quebrantan la ley y quienes no la observan; que tanto se equivoca quien acciona fuera de la ley como quien omite su aplicación.

                Cuando se toma protesta de un cargo, con ademanes solemnísimos, el funcionario declara comprometerse por “guardar y hacer guardar” el orden jurídico o, de no hacerlo, aceptan la probable circunstancia de que el pueblo se los demande. El peligro, en las condiciones de nuestro tiempo, no es lo que demande por la vía de la violencia sino a través de la desobediencia. Un riesgo alto que no debe correrse.

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